Desde el 13 de septiembre de 2025, el Gobierno ecuatoriano eliminó el subsidio al diésel, fijando el galón en USD 2,80. La medida, impulsada por el presidente busca ordenar las finanzas públicas y destinar recursos hacia programas sociales e infraestructura estratégica. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de las cuentas fiscales y ya se deja sentir en la cadena logística y en el comercio internacional.

El diésel es el motor que mueve la economía ecuatoriana. Al incrementarse su precio, aumentan también los costos de transporte terrestre y marítimo, lo que afecta directamente a las exportaciones de productos emblemáticos como banano, camarón, cacao y flores. Aunque la demanda en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia se mantiene estable, la competitividad de estos bienes podría verse presionada frente a la oferta de países vecinos que operan con costos más bajos. En el ámbito interno, camiones, buses y tractores también se ven impactados, generando ajustes en las tarifas de transporte comercial y público. Esa presión, inevitablemente, se trasladará en parte a los precios finales de bienes básicos.

El efecto no se limita a lo que Ecuador vende al mundo, también toca lo que importa. El país depende de insumos como combustibles, maquinaria y productos industriales, y con el alza del diésel los procesos de importación se encarecen, afectando a sectores que ya trabajan con márgenes reducidos. Para muchas empresas será un reto absorber estos costos adicionales sin trasladarlos por completo al consumidor, lo que genera riesgos de inflación, especialmente en alimentos y transporte.

El Gobierno ha anunciado que los precios del diésel se ajustarán mensualmente hasta febrero de 2026, con estimaciones de USD 2,74 en enero y USD 2,72 en febrero, siguiendo la referencia internacional del petróleo WTI. Paralelamente, busca aumentar la producción nacional de crudo de 470.000 a 500.000 barriles diarios para finales de 2025. Si esa meta se cumple, se reducirá la dependencia de combustibles importados y, en el mediano plazo, podría estabilizar los costos logísticos.

El sector empresarial reconoce la necesidad de ordenar el sistema de subsidios, pero también expresa su preocupación por los costos adicionales que deberán enfrentar. Los analistas advierten que el impacto en productos básicos puede ser limitado a centavos por unidad, pero que sectores estratégicos como transporte y agricultura sufrirán una presión mucho mayor. Esto plantea un reto de adaptación en un entorno internacional que no ofrece treguas.

La eliminación del subsidio al diésel marca un punto de inflexión para Ecuador. Si bien representa un paso hacia la sostenibilidad fiscal, también obliga a las empresas a repensar su manera de operar. Optimizar rutas, adoptar tecnologías más limpias y diversificar mercados no son solo opciones, sino estrategias necesarias para mantener la competitividad. En tiempos de incertidumbre, la resiliencia empresarial será la clave para transformar un desafío en una oportunidad.