En un intento por corregir desequilibrios fiscales y mejorar su perfil internacional, el Gobierno ecuatoriano ha anunciado una serie de reformas económicas que ya están redefiniendo el terreno de juego para industrias clave como la pesca y la industria exportadora. Aunque la lectura macroeconómica es positiva, el riesgo país cayó, los efectos inmediatos en costos operativos y competitividad despiertan preocupación entre los actores del sector privado.
El primero de los ajustes apunta al corazón del sector atunero: la eliminación del subsidio al diésel, que representaba un alivio de USD 42 millones en 2024 y beneficiaba a 29 empresas. La medida eleva el costo del combustible, que puede llegar a representar hasta el 36 % del costo total de operación para los atuneros industriales. En un mercado como el europeo, este encarecimiento puede traducirse en pérdida de competitividad.
Los gremios pesqueros han advertido sobre un impacto directo en toda la cadena de valor, con potencial riesgo para unos 100.000 empleos directos e indirectos. A cambio, el sector solicita medidas transitorias como reducción del ISD, exoneraciones de IVA para insumos importados o una eliminación escalonada del subsidio.
El paquete fiscal también incluye un ajuste en las tarifas eléctricas para grandes consumidores, incluidos actores industriales exportadores. Esta medida, que busca recaudar aproximadamente USD 256 millones, podría impactar directamente en los costos de producción y, por tanto, en los márgenes de rentabilidad de los productos ecuatorianos en el exterior.
Para sectores intensivos en energía, este nuevo costo exige una revisión inmediata de sus estrategias operativas. Ante este nuevo panorama, el sector privado tiene en sus manos la tarea de anticiparse. Recalcular los costos logísticos y operativos se vuelve clave, al igual que implementar estrategias de eficiencia energética y modernizar la flota pesquera e industrial. Será necesario renegociar precios de exportación que reflejen el valor agregado de procesos sostenibles, abrir diálogo con el sector público para explorar incentivos temporales y, sobre todo, diversificar mercados más allá de la Unión Europea, apuntando a nichos emergentes en Asia y América del Norte. El monitoreo constante de cambios regulatorios también se vuelve fundamental para adaptarse con agilidad.
Ecuador avanza en una ruta de corrección fiscal que, aunque necesaria, no está exenta de costos inmediatos. Para los sectores estratégicos, el desafío es claro: adaptarse rápido, buscar eficiencia y abrirse paso en mercados cada vez más exigentes. En este contexto, la capacidad de anticipación será un diferenciador clave.