En 2025, Colombia fue el tercer origen de las importaciones ecuatorianas, con USD 2.161,9 millones, solo por debajo de Estados Unidos y China. No es un proveedor marginal ni sustituible en semanas: es parte estructural de las cadenas de abastecimiento de sectores tan distintos como el farmacéutico, el textil, el agroindustrial y el de insumos industriales. Una relación de ese peso no desaparece por un decreto. Lo que sí puede ocurrir, y ocurrió, es que las reglas que la gobiernan cambien en cuestión de días, y que ese cambio altere márgenes, contratos y decisiones de inventario antes de que las empresas tengan tiempo de reaccionar. 

Eso es lo que la tasa de seguridad demostró entre febrero y mayo de 2026. El instrumento no nació como política comercial, y esa es precisamente la razón por la que fue tan difícil de gestionar para las empresas: sus escaladas respondían a una lógica de presión política y seguridad fronteriza, no a criterios técnicos de comercio exterior. Ningún modelo de costos podía anticipar si el siguiente mes traería el 70% o el 100%. Los sectores con mayor exposición fueron alimentos procesados, farmacéuticos, textiles e insumos industriales, con dificultades reales para sustituir proveedores en el corto plazo. Para esas empresas, el problema central no fue el costo adicional en sí. Fue que ese costo no tenía horizonte de resolución conocida. 

El impacto no fue uniforme dentro del tejido empresarial ecuatoriano. Para ciertos segmentos del mercado local, la reducción de oferta colombiana favoreció a productores nacionales que competían directamente con esos bienes. Pero esa lectura aplica exclusivamente a quienes competían con producto colombiano terminado, no a quienes lo usaban como insumo. Una empresa que manufactura en Ecuador con materia prima colombiana no ganó mercado con la tasa: absorbió el costo, lo trasladó al cliente o redujo producción. La medida tuvo ganadores y perdedores, y la diferencia entre unos y otros fue simple: si Colombia era tu competencia, la tasa te abrió espacio; si Colombia era tu proveedor, te encareció la operación. 

El cierre del episodio merece leerse con precisión. La CAN había emitido una resolución vinculante que colocaba a Ecuador ante el riesgo de un proceso ante su Tribunal de Justicia si mantenía la tasa. La presión multilateral existía y tenía consecuencias legales concretas. Lo que el presidente Noboa hizo fue transformar esa retirada en otra cosa: dos días antes de las elecciones colombianas, tras escenificar un compromiso público de colaboración mutua en una videollamada con De la Espriella, el candidato de derecha que lideró la primera vuelta con el 43,74% de los votos, anunció el levantamiento de la tasa con compromisos cruzados en seguridad y energía. Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, representante de la continuidad del gobierno de Petro y segundo lugar en la primera vuelta con el 40,9% de los votos, acusó al presidente ecuatoriano de interferir en las elecciones colombianas. Una retirada legal obligatoria quedó enmarcada como acuerdo de voluntades entre dos líderes afines. Eso no cambia la sustancia, pero sí cambia la narrativa con la que se entra al siguiente episodio. 

El balotaje del 21 de junio define el entorno bilateral del segundo semestre. Un gobierno de De la Espriella llega con compromisos públicos en comercio, energía y seguridad, y con capital político bilateral construido antes de tomar posesión. Un gobierno de Cepeda llega con un agravio registrado antes de inaugurarse, representando además una continuidad ideológica con el gobierno que se negó a ceder durante toda la escalada. Para cualquier empresa que usa Colombia como origen de insumos, destino de exportaciones o parte de su cadena logística, ese resultado no es un evento político periférico. Es la variable que determina la previsibilidad del corredor durante el próximo año. El ejercicio mínimo que este contexto exige es tener dos presupuestos para el segundo semestre, uno por cada escenario, antes del 21 de junio.